La nueva era de la regulación online: llega la Ley de Servicios Digitales

El entorno normativo digital está en constante evolución. Cuando las empresas comenzaban a consolidar sus procesos de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), un nuevo marco legal europeo ha entrado en plena aplicación: el Reglamento de Servicios Digitales (RSD), más conocido como Digital Services Act (DSA).

Lejos de ser una normativa que solo afecta a los gigantes tecnológicos, la DSA impone obligaciones directas a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que operan en el entorno online. Su objetivo es claro: crear un espacio digital más seguro, transparente y justo para los usuarios, regulando las responsabilidades de los proveedores de servicios intermediarios.

¿Qué es exactamente y a quién afecta?

La Ley de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065) actualiza el marco legal para el entorno digital, complementando normativas como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y, por supuesto, el RGPD. Su aplicación es escalonada, estableciendo diferentes niveles de responsabilidad según la naturaleza del servicio.

Es fundamental que identifiques en qué categoría podría encajar tu empresa:

  • Servicios de intermediación: Son la base. Aquí se incluyen los proveedores de acceso a internet (ISP), los registradores de dominios o los servicios de red privada virtual (VPN). Sus obligaciones son las más básicas.
  • Servicios de alojamiento de datos (hosting): Si tu empresa ofrece servicios en la nube (cloud) o alojamiento web, entra en esta categoría. Las obligaciones aumentan.
  • Plataformas en línea: Este es el grupo donde muchas pymes pueden encontrarse. Incluye desde redes sociales y tiendas de aplicaciones hasta los marketplaces o cualquier web que permita a los usuarios publicar sus propios contenidos, como comentarios o reseñas de productos.
  • Plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOPs): Con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, están sujetas a las obligaciones más estrictas. Aunque tu pyme no sea una VLOP, es probable que utilice sus servicios para publicitarse o vender.

Obligaciones clave que tu pyme debe conocer

Si tu negocio opera como una plataforma en línea (por ejemplo, un e-commerce que permite reseñas de clientes o un foro sectorial), debes prestar especial atención a las nuevas responsabilidades. Estas van más allá de la simple protección de datos.

Algunas de las más relevantes son:

  • Puntos de contacto: Debes designar un punto de contacto único, tanto para las autoridades como para los usuarios, que permita una comunicación rápida y directa.
  • Mecanismos de notificación y acción: Es obligatorio implementar un sistema claro y accesible para que los usuarios puedan notificar la existencia de contenido que consideren ilegal. La plataforma debe procesar estas notificaciones de forma diligente.
  • Transparencia y motivación: Si decides retirar un contenido o suspender una cuenta, debes informar al usuario afectado y exponer claramente los motivos de tu decisión.
  • Claridad en la publicidad: Toda la publicidad debe ser fácilmente identificable como tal. Además, se debe informar en tiempo real sobre quién es la persona o entidad en cuyo nombre se presenta el anuncio y los principales parámetros utilizados para dirigirlo a ese usuario concreto.
  • Prohibición de «patrones oscuros»: Se prohíben las interfaces engañosas o manipuladoras (dark patterns) diseñadas para inducir al usuario a tomar decisiones que no desea, algo que conecta directamente con la obtención del consentimiento del RGPD.

La sinergia inevitable entre la DSA y el RGPD

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado en diversas ocasiones la interconexión entre las normativas. La DSA y el RGPD no operan en silos; se complementan. Cumplir con la DSA implica, necesariamente, un tratamiento de datos personales.

Por ejemplo, para gestionar un sistema de notificación de contenido ilegal, necesitarás tratar los datos de la persona que notifica y, posiblemente, de la persona que publicó el contenido. Este tratamiento debe tener una base legitimadora bajo el RGPD, que en este caso sería el cumplimiento de una obligación legal (la propia DSA).

Del mismo modo, la transparencia exigida por la DSA en la publicidad online refuerza los principios del RGPD sobre el derecho a la información en la elaboración de perfiles. Los usuarios deben saber no solo que están viendo un anuncio, sino por qué lo están viendo.

Desde una perspectiva de ciberseguridad, entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) insisten en la importancia de proteger los sistemas que gestionan estos datos para garantizar la integridad y confidencialidad, evitando brechas que podrían tener consecuencias tanto bajo el RGPD como bajo la DSA.

Sanciones y supervisión: Un asunto serio

El incumplimiento de la DSA no es trivial. Las autoridades nacionales, que en España se coordinarán a través de la figura del «Coordinador de Servicios Digitales», podrán imponer multas significativas. Las sanciones pueden alcanzar hasta el 6% del volumen de negocio anual a nivel mundial de la empresa infractora.

Es una cifra que demuestra la seriedad con la que los reguladores europeos abordan la creación de un ecosistema digital más responsable. La proactividad no es una opción, sino una necesidad estratégica para evitar riesgos económicos y reputacionales.

Navegar por este nuevo marco normativo puede ser complejo. Si tu empresa necesita un análisis detallado para adaptar sus servicios a la Ley de Servicios Digitales y asegurar el cumplimiento en materia de privacidad, nuestro equipo de especialistas está a tu disposición. Explícanos tu caso en nuestra sección de contacto y te propondremos una solución ajustada a tus necesidades.