Damos difusión de la reciente publicación del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente publicado en el BOE del pasado sábado, 5 de mayo de 2012.

Mediante este Real Decreto-Ley se introducen modificaciones en la regulación del agua y las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y de Residuos y Suelos Contaminados.

Respecto a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad se modifica para consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, generando retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. Además, con los cambios introducidos se pretende garantizar la compatibilidad de esta protección y conservación con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos allí ubicados, a través de la planificación de estos espacios naturales y los adecuados planes de e instrumentos de gestión y desarrollo. Por último, con esta modificación se instituye un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias adoptadas en estos espacios protegidos.

En materia de Agua, se modifica el texto refundido de la Ley de Agua aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2011, de 20 de julio, incorporándose una serie de medidas para conseguir un uso más adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve, como principio fundamental, la unidad de gestión de cuenca.

Así, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. Se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

Además, se refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de la legislación, y con sanciones que oscilan entre las leves (multa de hasta diez mil euros) y las muy graves (de entre quinientos mil y hasta un millón de euros).

El nuevo texto normativo incorpora medidas que incentivan la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.