La Defensora del Pueblo ha presentado un estudio en el que recomienda mayor protección para los clientes de telecomunicaciones

Soledad Becerril, actual Defensora del Pueblo, ha enviado el estudio “Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos” a las Cortes Generales.

Dicho estudio contiene recomendaciones realizadas tras la aprobación en Mayo de la Ley General de Telecomunicaciones y tiene como fin que la Administración mejore su vigilancia sobre el comportamiento y la transparencia de las empresas del sector frente a sus clientes.

Las recomendaciones se dirigen a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a los órganos de consumo de las Comunidades Autónomas, a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y a la Agencia Española de Protección de datos.

En la nota de prensa publicada por la institución se ha destacado que la mayor parte de las quejas que reciben respecto a este sector tienen relación con la facturación, con la dificultad de darse de baja de los servicios, con la prestación del servicio universal y con la necesidad de expansión de banda ancha en Internet.

A su vez, entre las recomendaciones realizadas, han sido resaltadas las siguientes:

  • Extender el uso entre las administraciones públicas de los números de teléfono gratuitos de atención al ciudadano para facilitar el contacto con los órganos administrativos.
  • Adaptar el límite para ser beneficiarios del abono social de forma automática a las variaciones de las pensiones que dan derecho a ello.
  • Que las compañías informen al receptor en las llamadas publicitarias de la fuente de la que han obtenido sus datos.
  • Que se respete la negativa a recibir llamadas publicitarias.
  • Que las páginas Web incluyan una sección en la que los interesados puedan ejercer control sobre sus datos.

Como puede observarse varias de las propuestas contenidas en el estudio están relacionadas con la protección de datos, ello no es de extrañar puesto que en el primer semestre de este año el 42% de los procedimientos sancionadores en esta materia  fueron aglutinados por empresas de telecomunicaciones, lo que les supuso alrededor de 5,2 millones de euros en multas.