Polémica en torno al canon AEDE, plasmada en la reforma de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) que pretende endurecer la fallida “Ley Sinde”

Hace unos días se aprobó  la reforma de la Ley de Propiedad Industrial (LPI),con el único voto favorable del PP, en Comisión de Cultura no exenta de polémica (y de urgencia). Si ya era duro el proyecto que presentó en Febrero el PP, la oposición (PSOE, UPyD e Izquierda Plural) quería endurecerla aún más con sus enmiendas. Finalmente sólo se han aprobado las enmiendas del partido del gobierno. Ahora queda el visto bueno del Senado después del verano y si se aprueba, hasta comienzos de 2015 no comenzará a aplicarse.

Internet se ha movilizado en contra del Canon AEDE.

Uno de los cambios que más ha suscitado críticas, es el Canon AEDE o “Tasa Google” (mal definido), cambio plasmado en la modificación del art. 32.2 de la LPI. En él se describe que la puesta a disposición del público por “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos”, divulgados en publicaciones periódicas o Webs de actualización periódica y con finalidad informativa, creación de opinión pública o de entretenimiento, “no requerirá autorización de su editor u otros titulares de derecho”. Sin embargo, se impondrá por ello una “compensación equitativa”, irrenunciable para su autor. La disposición de imágenes divulgadas en los mismos medios si necesitará autorización.

Según un experto legal, no quiere decir que se penalice el enlazar webs, sino que se hagan copias literales de textos de otras webs, libros etc que puedan vulnerar derechos de autor. Así, no se castigará, elaborar resúmenes de textos y seguidamente enlazar la fuente. Los afectados por la medida serán los “prestadores de servicios electrónicos dedicados a la agregación de fragmentos de contenidos”; es decir, cualquier plataforma en Internet (blogs, prensa digital) y portales de búsquedas de noticias como Google News (no así Google). Incluso el profesorado de las universidades se verán perjudicados porque tienen que pagar esta tasa por citar obras de otros autores.

Se dice en el texto que esta compensación equitativa se hará efectiva a traves de las “entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. Se presume (puesto que no se especifica en la reforma) que los principales beneficiarios son las entidades AEDE y CEDRO (Asociación Española de Editores y Centro Español de Derechos Reprográficos respectivamente). Es más que evidente que el consumo de medios escritos (prensa, revistas) ha caído en picado frente a los medios digitales y que para evitar estos la caída frenética de sus ingresos,  apoyan esta tasa impuesta por la LPI.

Múltiples medios, incluídos internacionales, han criticado la medida, e incluso se estima en un informe para la Coalición Pro Internet que este canon costaría a los internautas la friolera de más de 1.133 millones de euros. A opinión personal, a la espera que la Unión Europea haga una Directiva de Propiedad Industrial, esta reforma tiene múltiples lagunas legales y de comprensión y lo único que muestra es el interés económico y de controlar la información de ciertos sectores, por lo que no tendrá mucha andadura o se buscará la manera de ignorarla sin caer en la ilegalidad.